La causa por el femicidio de Natalia Cruz continúa avanzando y este lunes, en diálogo con Vorterix NOA, los abogados querellantes brindaron detalles clave sobre el estado del proceso, las nuevas líneas de investigación y las responsabilidades que podrían derivarse de las actuaciones previas al crimen.
Según explicaron, el caso irá a juicio por jurados, instancia que marcará un paso determinante en la búsqueda de justicia. Actualmente, la causa se encuentra en etapa procesal avanzada, con el imputado principal detenido y otras personas bajo investigación por presunto encubrimiento.
Negligencias y fallas en la protección
Uno de los puntos más sensibles que destacaron los abogados fue la presunta negligencia en las actuaciones previas. Recordaron que Natalia había realizado reiteradas denuncias por violencia de género y que existían medidas de restricción vigentes.
Sin embargo, señalaron que hubo una “desatención en las consignas policiales” y revelaron un dato alarmante: la Policía habría demorado 40 minutos en llegar al domicilio tras el llamado que alertaba sobre el asesinato.
En ese sentido, confirmaron que se investigará el accionar del personal que se encontraba de turno ese día.
Entre las medidas dispuestas, se realizarán pericias sobre los teléfonos celulares de los policías involucrados, con el objetivo de reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas críticas.
Posible coartada y nuevas responsabilidades
Los letrados también indicaron que hay al menos dos personas bajo la lupa judicial por su presunta participación en una coartada que habría favorecido al acusado principal, quien estuvo prófugo y por cuya captura incluso se ofreció una recompensa pública por parte del gobernador.
La querella sostuvo que no sólo se buscará determinar las responsabilidades penales directas, sino también eventuales responsabilidades funcionales derivadas de omisiones en el deber de protección.
El rol de la Fiscalía y el respaldo institucional
En la entrevista, los abogados remarcaron que, una vez ocurrido el crimen, la fiscal interviniente actuó con celeridad y firmeza. También señalaron que hubo respaldo institucional posterior y acompañamiento por parte del Ejecutivo provincial, aunque subrayaron que ese acompañamiento llegó después de consumado el hecho.
“La gravedad institucional de este caso obliga a revisar cada paso”, señalaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con el esclarecimiento total de lo ocurrido.
El proceso ahora se encamina hacia una etapa clave, con el juicio por jurados como escenario central y con nuevas líneas de investigación abiertas que podrían ampliar el alcance de las responsabilidades.
