El Gobierno nacional ultima los detalles de un amplio proyecto de Ley de Desregulación que será enviado al Congreso y que propone modificar normas que regulan distintos sectores de la economía, entre ellos las farmacias, el mercado inmobiliario, la navegación de cabotaje y diversas actividades comerciales y profesionales. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, contiene más de 300 artículos y busca eliminar regulaciones que considera obsoletas.
Entre los cambios más relevantes figura una profunda reforma del mercado inmobiliario. El proyecto propone eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales para ejercer la actividad de intermediación, suprimir aranceles y honorarios mínimos, dejar sin efecto la exigencia de un título universitario establecida por la legislación vigente y permitir que los operadores trabajen en cualquier jurisdicción del país sin restricciones geográficas. Además, busca limitar las facultades sancionatorias de los colegios profesionales.
En el sector farmacéutico, el borrador contempla flexibilizar la comercialización de medicamentos de venta libre. La intención oficial es ampliar los canales de venta y permitir que estos productos puedan exhibirse fuera del tradicional mostrador de las farmacias, promoviendo una mayor competencia y facilitando el acceso de los consumidores.
La iniciativa también incorpora modificaciones en el régimen de navegación de cabotaje, con el objetivo de simplificar normas que regulan el transporte fluvial y marítimo interno y favorecer una mayor participación privada en el sector.
Según trascendió, el proyecto incluye además reformas en otros mercados y actividades económicas, con la intención de reducir requisitos administrativos, eliminar barreras regulatorias y fomentar la competencia. La propuesta forma parte de la estrategia del Gobierno para profundizar el proceso de desregulación económica iniciado al comienzo de la gestión.
El texto aún es un borrador y podría sufrir modificaciones antes de su ingreso formal al Congreso. Una vez presentado, deberá ser debatido por ambas cámaras legislativas para convertirse en ley.
