El reciente acuerdo salarial con los choferes implicará un impacto económico de aproximadamente 520 millones de pesos, una cifra que genera preocupación en el esquema financiero del servicio. A pesar de este incremento, desde la Unión Tranviarios Automotor ratificaron el paro, lo que profundiza la incertidumbre entre usuarios y autoridades.
La medida de fuerza se mantiene firme luego de que no se lograra un entendimiento integral que garantice la sostenibilidad del sistema. Si bien el aumento busca recomponer los ingresos de los trabajadores frente al contexto inflacionario, el costo que implica para las empresas y el Estado abre un interrogante sobre cómo se financiará en el corto y mediano plazo.
Desde el sector empresarial advierten que el sistema ya se encuentra en una situación delicada y que absorber este nuevo gasto sin una actualización de subsidios o tarifas podría comprometer la continuidad del servicio. En este escenario, el paro aparece como una herramienta de presión del gremio para asegurar el cumplimiento efectivo del acuerdo y evitar demoras en los pagos.
Para los usuarios, el conflicto se traduce en incertidumbre y complicaciones en la movilidad diaria, especialmente en una provincia donde el transporte público es clave para miles de trabajadores, estudiantes y familias.
El conflicto, lejos de resolverse, deja en evidencia un problema estructural: la dificultad de equilibrar salarios, costos operativos y tarifas en un contexto económico complejo. Mientras tanto, la negociación sigue abierta, pero con un escenario cada vez más tenso.
