En un mensaje emitido por cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y acompañado por los integrantes de su gabinete de ministros, el presidente Javier Milei presentó una serie de medidas de carácter diplomático, económico y legislativo para reforzar y defender la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. El pronunciamiento se centró en frenar las actividades unilaterales de pesca e hidrocarburos que realizan actores extranjeros en las cercanías del archipiélago.
Durante la alocución de 15 minutos, el jefe de Estado remarcó el reclamo histórico argentino y apuntó de manera directa contra el avance de proyectos de explotación hidrocarburífera offshore en la Plataforma Continental Argentina, en particular los planes operativos del proyecto Sea Lion desarrollados por firmas internacionales como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según la postura oficial, estas acciones vulneran los llamados de la Organización de las Naciones Unidas a evitar decisiones unilaterales mientras persista la controversia territorial.
Las principales medidas y anuncios oficiales
Construcción de una Base Naval Integrada: Se ampliarán los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la edificación de esta infraestructura estratégica en Tierra del Fuego, buscando robustecer las capacidades operativas y de telecomunicaciones en la región austral.
Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: El Poder Ejecutivo enviará una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley N° 26.659. La reforma endurecerá el régimen de sanciones contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en el Atlántico Sur.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Dentro del cuerpo normativo del nuevo proyecto legislativo se contempla la conformación de este organismo, orientando una estrategia coordinada para la protección del territorio marítimo, aeroespacial e infraestructuras críticas del país.
Decreto reglamentario e información diplomática: Se publicará una normativa para centralizar datos en Cancillería con la meta de accionar legal y económicamente frente a compañías o Estados que operen de forma ilegítima. Asimismo, se informó sobre la emisión previa de cerca de 180 notas de desaliento diplomático dirigidas a empresas y a más de una veintena de países involucrados en estos proyectos.
Requisitos para el RIGI y trámites del sector: Se exigirá la presentación de declaraciones juradas en los expedientes hidrocarburífeos y en las adhesiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de corroborar que los solicitantes no desarrollen tareas en la plataforma continental sin autorización soberana.
El marco conceptual expresado por el Ejecutivo enfatiza que el país no permanecerá pasivo ante la eventual extracción de recursos naturales en la zona disputada y desplegará herramientas legales e internacionales para disuadir las actividades no autorizadas.
