El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto que busca garantizar la continuidad de la protección a las personas con discapacidad, ante el vencimiento de la emergencia prevista para el 31 de diciembre. La senadora salteña Flavia Royon acompañó la iniciativa y destacó el consenso alcanzado.
La normativa mantiene las pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece que los beneficiarios podrán trabajar sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos. En caso de exceder ese límite, la prestación quedará suspendida y podrá reactivarse cuando vuelvan a cumplir con el requisito.
Durante el debate, Royon celebró que se haya superado la discusión política para avanzar con una ley que brinde certezas y previsibilidad a las familias. “Esto no nos puede volver a pasar”, expresó, al recordar la incertidumbre y las dificultades que atravesaron las personas con discapacidad y sus familiares.
Además, la ley establece que el Estado deberá publicar, dentro de los 30 días de su entrada en vigencia, un cronograma para regularizar las compensaciones pendientes a prestadores. Los pagos deberán concretarse en un plazo máximo de 90 días para quienes hayan cumplido con los trámites correspondientes.
Por otra parte, se establece que el presupuesto deberá garantizar, como mínimo, el mismo nivel de ingresos reales por beneficiario que el año anterior, con el objetivo de sostener las prestaciones y evitar un deterioro en la cobertura.
