El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso el embargo preventivo del inmueble de San José 1111 y de un amplio conjunto de propiedades y activos vinculados a la familia Kirchner. La medida forma parte de la ejecución patrimonial de la condena por la causa Vialidad y busca garantizar el recupero de $685.000 millones fijados como perjuicio al Estado.
La Justicia federal avanzó este miércoles 12 de agosto sobre el patrimonio vinculado a Cristina Fernández de Kirchner y ordenó el embargo preventivo del departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple actualmente su condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en el marco de la ejecución de la sentencia de la causa Vialidad.
El objetivo de la medida es preservar los bienes mientras continúa el procedimiento destinado a recuperar el dinero que la Justicia estableció como perjuicio ocasionado al Estado por las maniobras investigadas en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Qué significa el embargo de San José 1111
La decisión no implica que Cristina Kirchner deba abandonar el departamento ni modifica las condiciones de su prisión domiciliaria.
Tampoco supone que el inmueble vaya a ser rematado de manera inmediata. El embargo establece su indisponibilidad jurídica: busca impedir que pueda ser vendido, transferido o gravado mientras se desarrolla el proceso que determinará qué bienes serán finalmente decomisados.
El departamento de San José 1111 pertenece a Los Sauces, la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.
La Justicia busca recuperar $685.000 millones
La resolución se inscribe en la ejecución patrimonial de la condena de la causa Vialidad. La Justicia fijó en aproximadamente $685.000 millones el monto del perjuicio económico ocasionado al Estado y ahora avanza sobre distintos activos con el propósito de garantizar su eventual recupero.
Esta nueva etapa comprende 144 activos, entre propiedades, vehículos y participaciones accionarias de distintas sociedades.
El procedimiento se suma a una primera tanda de 111 propiedades sobre las cuales ya se había avanzado con pedidos de decomiso y que actualmente atraviesa distintas instancias judiciales.
Qué otros bienes quedaron alcanzados
Además del departamento donde permanece Cristina Kirchner, las medidas alcanzan propiedades ubicadas en Puerto Madero y numerosos inmuebles y terrenos en Santa Cruz.
Entre los bienes aparecen departamentos y cocheras del complejo Madero Center, propiedades en El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, además de activos vinculados a las sociedades Los Sauces y Hotesur.
En Río Gallegos quedaron comprendidos, entre otros inmuebles, el chalet ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y propiedades de la familia en distintos puntos de la ciudad.
También se incluyó el terreno donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
Por qué aparecen bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner
Las medidas patrimoniales también alcanzan activos vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ninguno de los dos fue condenado en la causa Vialidad.
El argumento utilizado por el tribunal se apoya en las conclusiones de la sentencia, que establecieron que las maniobras investigadas produjeron beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Los jueces consideraron además la relación económica y comercial existente entre empresas vinculadas a Báez y sociedades de la familia Kirchner, particularmente Los Sauces y Hotesur.
Bajo ese criterio, determinados bienes y activos incorporados durante el período investigado pueden ser alcanzados por medidas cautelares mientras se determina su eventual decomiso.
Más de cinco millones de dólares bajo la lupa
Otro de los puntos relevantes del proceso involucra más de 5 millones de dólares atribuidos a Florencia Kirchner, que habían sido encontrados en una caja de seguridad bancaria durante otra investigación judicial.
Esos fondos permanecen embargados y ahora quedaron incorporados a la discusión sobre los activos que podrían utilizarse para responder económicamente por el perjuicio determinado en la causa Vialidad.
Una nueva etapa de la causa Vialidad
El embargo de San José 1111 tiene un fuerte impacto político por tratarse del lugar donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, pero jurídicamente forma parte de un proceso mucho más amplio.
La Justicia busca identificar y preservar bienes que eventualmente puedan ser decomisados para cubrir los $685.000 millones establecidos como daño al Estado.
Por el momento, el embargo no supone ni el remate del departamento ni el desalojo de la expresidenta. La propiedad queda cautelada mientras continúa una nueva etapa de la ejecución patrimonial de una de las causas judiciales de mayor impacto político de los últimos años.
