El Senado avanzó con modificaciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y estableció un límite del 25% para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. El cambio surgió tras un acuerdo entre el oficialismo y bloques aliados, que dejó de lado la propuesta inicial de eliminar cualquier restricción.
La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera compren tierras rurales, salvo que cuenten con la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. En las zonas de seguridad de frontera, cualquier operación con compradores extranjeros también deberá cumplir con ese doble requisito.
Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente la propiedad extranjera representa alrededor del 6% de la superficie rural del país. Sin embargo, existen departamentos donde ese porcentaje supera ampliamente el promedio nacional, como San Carlos y Molinos, en la provincia de Salta.
Los impulsores de la reforma sostienen que el nuevo esquema fortalece el rol de las provincias en la administración de su territorio, permitiéndoles definir políticas específicas de uso del suelo, zonificación y restricciones según las necesidades de cada región. Además, remarcan que el límite del 25% acerca la normativa argentina al modelo vigente en Brasil.